Arranca el juicio contra el creador de Series Yonkis, en Murcia.
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FIRMA INVITADA

La propiedad intelectual está de moda: la directiva del ‘copyright’ y el juicio contra Series Yonkis

Todo empezó con Napster y que acabará con Series Yonkis: una reivindicación de la importancia de la propiedad intelectual y la necesidad de protegerla

Desde hace años, los ciudadanos venimos siendo testigos de incontables campañas de concienciación sobre el respeto a la propiedad de los derechos sobre películas, series, libros o música, así como de otros tantos cambios normativos sobre esta materia.

Se podría decir que todo empezó con Napster y que acabará con Series Yonkis. No obstante, el objeto de este artículo no es avanzar un posible fallo de la sentencia del procedimiento penal seguido contra los propietarios y gestores de esta plataforma digital. En efecto, ello supondría vulnerar el principio de inocencia favoreciendo un juicio paralelo lo que no entra en los planes de quien suscribe.

El objeto de este artículo es reivindicar la importancia de la propiedad intelectual y la necesidad de protegerla. Protección que precisa de mayor ingenio y esfuerzo en entornos digitales donde las obras inmateriales pueden reproducirse y ponerse a disposición del público de forma ilimitada e incontrolada.

La recientemente aprobada directiva del copyright –pendiente de ratificación formal por el Consejo de la Unión Europea– es buena muestra de la preocupación del legislador sobre esta cuestión. Esta Directiva, que no está exenta de polémica por su posible restricción del derecho a la libertad de expresión en Internet, pretende dotar de más y mejores mecanismos a los titulares de derechos de autor para defenderse frente a los grandes agregadores de contenidos (Facebook, Google News, o YouTube, entre otros).

A la estela de esta controvertida norma que, más allá de dirimir si es o no buena porque ello dependerá del prisma desde el que se mire, ha empezado el juicio del procedimiento penal seguido contra los gestores de la famosa plataforma Series Yonkis. Esta plataforma posibilitaba que los usuarios de la misma introdujesen enlaces –links– a contenido audiovisual supuestamente ilícito al no contar con la autorización de los titulares de derechos de las obras enlazadas.

Este juicio, que ha sido calificado de histórico, tiene relevancia porque pondrá a prueba la solidez de las últimas reformas introducidas en nuestro Código Penal para tratar de frenar la piratería en Internet.

De todas formas, en el ámbito civil, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya zanjó el debate a finales de 2016 (vid. asunto C-165/15, Sanoma c. GS Media). En este sentido, este Tribunal dictaminó que publicar enlaces a obras protegidas por propiedad intelectual que están disponibles online sin el consentimiento de sus titulares, es un acto de comunicación pública que puede suponer una infracción bajo determinadas circunstancias.

Dichas circunstancias son, básicamente, que quien enlaza pueda tener razonablemente conocimiento de que las obras a las que enlaza están siendo difundidas en Internet sin autorización. Añade, y esto es importante, que se presume que hay conocimiento cuando quien enlaza actúa con ánimo de lucro.

Repasando las últimas noticias publicadas sobre el caso Series Yonkis, uno puede constatar que, precisamente, la defensa de los acusados pasa por alegar estas circunstancias. Simplificándolo, los acusados argumentan que no tenían conocimiento del contenido ilícito porque los enlaces los publicaban directamente los usuarios. Asimismo, defienden que tampoco tenían ánimo de lucro porque los ingresos por publicidad se destinaban íntegramente a sufragar los costes de estructura de la plataforma la cual era más un hobby que un negocio. Veremos qué determina el juzgado.

En definitiva, estos dos hitos, la Directiva del copyright y el juicio penal contra Series Yonkis, hacen que la propiedad intelectual esté de moda. Ello siempre es bueno, mire del prisma desde el que se mire, porque aviva un debate saludable en la opinión pública.

Sergio de Juan-Creix es abogado experto en derecho digital y profesor-colaborador de la UOC

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