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Natalia Martos es especialista en Derecho tecnológico, privacidad e innovación. Ha trabajado en Tuenti, el Grupo PRISA y el despacho Pérez-Llorca.
Natalia Martos es especialista en Derecho tecnológico, privacidad e innovación. Ha trabajado en Tuenti, el Grupo PRISA y el despacho Pérez-Llorca.

Legal Army: el despacho que pretende llevar el derecho a la era digital

Legal Army es un despacho de abogados que no tiene nada de tradicional: se basa en la incorporación de nuevas tecnologías, no factura por horas y el que quiera trabaja en deportivas

Estudió Derecho “casi por inercia”, por la amplitud de salidas profesionales que podía proporcionarle. Pero lo suyo era la tecnología. Lo supo desde que Internet entró en su casa, allá por el año 2000. Así que, nada más licenciarse en la Universidad de Granada, Natalia Martos (Huelva, 1978) comenzó un largo camino de especialización en derecho aplicado al mundo digital. Ascendió rápido, y con solo 29 años le llegó una oferta de Tuenti para ocupar su dirección jurídica: “Fue todo un fenómeno sociocultural. Tenía que ir evangelizando por toda España, dando charlas y conferencias sobre qué es una red social y cómo comportarse de manera segura”.

Tras la venta de Tuenti a Telefónica en 2010, Martos se incorporó al Grupo PRISA [editor de EL PAÍS Retina] para trabajar en el proyecto de transformación digital de la empresa. Una experiencia que le sirvió, entre otras cosas, para darse cuenta de la escasez que había de despachos de abogados que realmente entendiesen el funcionamiento de las nuevas tecnologías y pudiesen proporcionar así un buen servicio en la materia. Algo que ahora pretende contrarrestar con la reciente creación de Legal Army. La compañía, basada en el modelo anglosajón del NewLaw, aspira a sacar el derecho español del siglo XIX, en el que, según Martos, “aún sigue instalado”.

¿Cuáles son los fundamentos del NewLaw y en qué se diferencia este planteamiento del de los despachos tradicionales?

Se trata de un concepto que surge en 2013 en EE UU, donde, junto con Australia y poco a poco Reino Unido, cada vez es más popular. Lo primero que hace un NewLaw es ofrecer tarifas que sean lo suficientemente asequibles como para que cualquiera pueda acceder al servicio jurídico. ¿Cómo? Quitándose de encima costes de estructura que no son necesarios. Para prestar un servicio con excelencia no necesitas el edificio de oficinas más caro de la ciudad, ni una plantilla de 800 abogados. Lo que necesitas es tener un grandísimo conocimiento del derecho, de la tecnología y del funcionamiento de la nueva economía.

¿Y lo segundo que hace?

Digitalizarse. Automatizar una serie de procesos que a día de hoy aún llevan a cabo los abogados, a coste por hora. Cuando en realidad son tareas repetitivas que, gracias a la irrupción de la inteligencia artificial y el machine learning, un ordenador puede hacer mucho mejor.

¿Podría ponernos un ejemplo de esa mejora?

Claro. Uno de los casos comunes se da a la hora de realizar una due diligence, una investigación que se pone en marcha antes de comprar una sociedad para arrojar luz sobre el valor real de dicha entidad. En un despacho tradicional, hay un equipo de 15 abogados que están día y noche sin dormir analizando centenares o miles de contratos, y tomando notas para poder dar una valoración final. Imagínate que, en vez de eso, empleas para ello inteligencia artificial, y esa base de datos —porque no es otra cosa que una base de datos: centenares y miles de contratos— los analiza un ordenador conforme a los parámetros que el abogado le indica. La máquina reduce drásticamente el tiempo, el coste y el margen de error.

El abogado tiene que estar allí donde aporte valor: en la toma de decisiones, en el consejo jurídico

¿Es este uno de los servicios que presta Legal Army?

De momento no. Lo cito porque, junto a la predicción de riesgos en un litigio, es uno de los ejemplos más paradigmáticos. Lo que sí hacemos es aplicar la tecnología al cumplimiento por parte de las empresas del nuevo Reglamento General de Protección de Datos.

¿De qué manera?

La ley obliga ahora a muchas compañías a contratar a un delegado de protección de datos, alguien que garantice la adopción de los protocolos. Pero se trata de una figura que se puede externalizar, y ahí es donde entramos nosotros. En vez de 20 profesionales distintos, las herramientas digitales permiten que una sola persona monitorice a 20 clientes y emita las recomendaciones mensuales obligatorias para cada uno.

¿No conlleva esto una gran pérdida de empleo?

Que ciertos procesos se automaticen no quiere decir que los abogados desaparezcan o pierdan peso. Todo lo contrario. El abogado tiene que estar allí donde aporte valor: en la toma de decisiones, en el consejo jurídico. No en tareas repetitivas.

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19/09/2018
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