El sistema de crédito social chino salta de la teoría a la práctica

El sistema de crédito social chino salta de la teoría a la práctica

Una empresa de alquiler de bicicletas anuncia penalizaciones para quienes tengan pocos puntos en su carné de civismo y el Gobierno decide restringir sus movimientos

En la aplicación móvil de Alipay —la principal plataforma de pagos electrónicos en China y en el mundo—, hay que bucear a conciencia para encontrar la pestaña de ‘Zhima Credit’. Es la que, una vez abierta, arroja un misterioso número de tres cifras, comprendido entre el 350 y el 950. En el caso de quien escribe estas líneas es el 654. Se trata de una cifra calificada como ‘excelente’ por la propia aplicación, pero lejana al máximo que marca el gráfico. La mayoría de los usuarios no le presta atención, pero tiene mayor importancia de la que creen: es el sistema de puntuación social ideado por la rama financiera de Alibaba, el principal conglomerado de comercio electrónico del planeta.

En teoría, se trata de un baremo para calificar el comportamiento de los usuarios y la confianza que merecen. La puntuación está calculada por un algoritmo cuyo funcionamiento resulta extremadamente opaco, pero que tiene en cuenta no solo que los usuarios hagan un buen uso del servicio, sino también lo que compran y a quién. Recientemente, diferentes fuentes aseguran que la puntuación también recoge información relativa al pago de multas o de créditos bancarios.

No es el único sistema de puntos ideado por una empresa china. La mayoría lo utilizan para ofrecer servicios extra o ventajas a quienes cuentan con la mejor puntuación, a modo de incentivo, para mantener un comportamiento ejemplar. Por ejemplo, los mejores usuarios de Alipay pueden acceder a salas VIP en diferentes aeropuertos, utilizar servicios de alquiler sin necesidad de pagar un depósito o pedir préstamos a un interés más favorable.

Pero todo va a cambiar dentro de poco. De hecho, una de las principales empresas de alquiler de bicicletas de China, Mobike, ya ha anunciado que utilizará su puntuación para penalizar a los usuarios que la tengan más baja. En este caso, quienes se queden en un ‘aprobado’ tendrán que pagar por el servicio el doble de lo que abonan quienes hayan logrado un ‘sobresaliente’. A los que califique con un ‘deficiente’ les podrá llegar a cobrar hasta cien veces el precio normal: unos 12 euros por cada media hora.

Los usuarios comienzan a utilizar el servicio con un ‘notable’, y pierden puntos si aparcan la bicicleta donde no deben, se saltan las normas de tráfico, o la dañan. En el otro extremo, pueden mejorar su nota de diferentes formas. La más habitual es la de utilizar las bicicletas sin dar problemas. Pero también se ganan puntos acusando a quienes se saltan las normas. Ser chivato siempre se ha premiado en China y no hay algoritmo que vaya a cambiar eso.

Todo esto puede parecer anecdótico, pero estos baremos son la punta de lanza de un sistema de crédito social público y obligatorio, algo así como un carné cívico por puntos que el Gobierno aprobó en 2014 y va a introducir paulatinamente. Se parece en cierta medida al sistema de puntuación FICO de Estados Unidos —que evalúa la capacidad financiera de las personas—, pero va mucho más allá.

El modelo chino también tendrá en cuenta aspectos tan variados y difusos como ‘la credibilidad jurídica’ — la existencia de antecedentes o causas pendientes—, ‘la honestidad comercial’ —penalizará el retraso en el pago de facturas—, ‘la integridad social’ —nada de fumar en lugares públicos o provocar situaciones que alteren el orden— e, incluso, el comportamiento en redes sociales —penalizará, por ejemplo, la difusión de noticias falsas o rumores—. Aparentemente, incluso la puntuación de los amigos afectará a la propia. Lo que todavía no está claro es si el Gobierno terminará integrando en este sistema los métodos desarrollados por empresas privadas como Alipay o Mobike, a cuyos datos puede acceder a placer.

Sí, es obligada la referencia al primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror, Nosedive. Pero China todavía está lejos de llegar al nivel de la ficción. De momento, el 16 de marzo, la Comisión Nacional para la Reforma y el Desarrollo anunció en su web que, desde el próximo 1 de mayo, quienes hayan cometido faltas administrativas o económicas —variables que serán clave en el sistema de crédito social que se implementará por completo en 2020— serán castigados con la prohibición de viajar en avión y en tren de alta velocidad. Aquellos que tengan cuentas pendientes con la justicia o que tengan deudas abultadas también se verán afectados por la medida. El veto durará un año y será revisable.

No obstante, esta medida no es nueva. El año pasado, nada menos que 6,15 millones de personas ya quedaron excluidas de los sistemas de transporte más avanzados. Pang, que pide mantener su nombre completo en el anonimato, es una de ellas. Y demuestra cómo el sistema puede resultar injusto. “Me enteré de que no podía volar cuando traté de comprar un billete por internet. Me salió una página diciendo que estaba en la lista negra de morosos y que tendría que buscar un transporte alternativo”, cuenta a EL PAÍS.

Fotograma del episodio 'Nosedive' de 'Black Mirror'

Ella quería volar de Shanghái a Guangzhou y descubrió que tampoco podía utilizar el TAV. La única alternativa era el tren lento, que tarda más de 14 horas, o conducir. Pero lo más grave para esta joven es cómo se aplica esta lista negra. “Mi padre tiene deudas. Uno de los créditos lo pidió a mi nombre y, como no lo puede pagar, me castigan a mí. Y eso a pesar de que he llegado a un acuerdo con el banco para ir amortizándolo mensualmente”, asegura. Aunque el mal esté siendo subsanado, la prohibición se aplica igual y sin necesidad de que haya una orden judicial de por medio. “El banco simplemente informó de la deuda a algún organismo oficial”, apostilla Pang.

De momento, el sistema es algo rudimentario. Es una lista negra que se irá sofisticando según se digitalicen y centralicen las diferentes variables que terminarán generando la puntuación de los ciudadanos. El propósito es “beneficiar a quien sea de confianza y restringir los movimientos y las operaciones de quienes no lo sean”. Lógicamente, el problema radica en que se trata de un modelo muy arbitrario en el que no solo se tienen en cuenta faltas financieras o sentencias en firme. También quienes resulten incómodos para el régimen pueden ver cercenadas algunas de sus libertades más básicas. Lo denunció Human Rights Watch el año pasado con una información que también critica la falta de un mecanismo de defensa en caso de que, como le sucede a Pang, los ciudadanos quieran apelar su puntuación. El Gran Hermano chino es omnipresente y omnipotente.

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